El 27 de julio de 1911 marcó un hito en la historia electoral argentina con la promulgación de la Ley Nº 8.130, conocida como Ley de Empadronamiento. Esta norma complementaba a la Ley Nº 8.129, que había establecido el enrolamiento militar obligatorio, y tenía como principal objetivo sentar las bases para un nuevo registro electoral permanente, a partir de los padrones del enrolamiento militar.
La Ley 8.130 derogaba toda la legislación anterior sobre la confección del registro electoral y proponía un cambio estructural al disponer la doble verificación civil y militar del padrón. Además, ponía su organización bajo la responsabilidad de los jueces federales, fortaleciendo así la transparencia y el control institucional del proceso.
Poco tiempo después, el 11 de agosto de 1911, ingresó al Congreso el proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Roque Sáenz Peña y su ministro del Interior, Indalecio Gómez. Este último, influido por ideas europeas en torno a la ampliación de derechos y el fortalecimiento de los sistemas democráticos, promovía una transformación profunda del régimen electoral vigente.
En el mensaje enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo destacaba que, con la sanción de las leyes de enrolamiento militar y empadronamiento, la Nación contaría en pocos meses con un censo electoral completo, y cada ciudadano inscripto tendría un título cívico auténtico y depurado. No obstante, se advertía que garantizar el sufragio y convertir al ciudadano en un verdadero votante solo sería posible mediante una reforma del sistema electoral.
Estos pasos resultaron decisivos en el camino hacia la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, que estableció el voto secreto, universal (masculino) y obligatorio, y sentó las bases del sistema electoral moderno argentino.
A más de un siglo, recordamos su importancia como pilares fundamentales de nuestra democracia.